En España, hoy ha sido un día de huelgas. Pero no cualquier tipo de huelguistas han salido a la calle, esta vez han sido los funcionarios los que han alzado el grito al cielo contra el duro recorte que el Presidente José L. Rodríguez Zapatero está a punto de llevar a cabo contra él mismo y los demás funcionarios que habitan el Estado Español. No obstante, el debate se centra en el plan de recorte de Zapatero… ¿Se justifica la huelga que han llevado a cabo los funcionarios como muestra de rechazo al plan del Presidente? Más allá de derechos a huelga (desde ese punto de vista, la parada ha sido, es y será totalmente legítima), existen algunos indicadores que podrían hacer replantearnos si una huelga es la solución óptima en este caso.
En primer lugar, sería interesante remarcar algunas características del puesto de funcionario con el objetivo de desmitificar su supuesta “superioridad” laboral.
Como se puede ver, España presenta un índice de habitantes por funcionario intermedio. Grecia (30,28) por mucho, Reino Unido (29,25) y Alemania (18,26) presentan más habitantes por funcionario que España. Por el otro lado, Italia (17,32), Francia (12,50) y Portugal (13,90) presentan una densidad de funcionarios mayor. Según el mismo informe de El País, los salarios tampoco son un punto fuerte para los funcionarios: 1.200 €/mes para licenciados universitarios, cerca de 1.000 €/mes para los diplomados y unos 600 €/mes para funcionarios con únicamente certificado de escolaridad.
Así pues, los funcionarios no disponen del célebre beneplácito divino que les atribuía, supuestamente, cuantiosas sumas de dinero al final del mes. No obstante, no es éste el punto vital del funcionariado si no su seguridad laboral. La seguridad laboral se comporta como muchas otras cosas en la vida de un ciudadano: solo nos percatamos de ella cuando escasea. Por lo tanto, y mientras que en otros países (funcionarios incluidos) o en la industria privada los problemas económicos y financieros causados por la incompetencia de accionistas y directores generales ciegos los pagan los empleados a través de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), los funcionarios en España disponen de una seguridad laboral indefinida. Además de la ley, hay multitud de otros ejemplos que demuestran que incluso en situaciones extremas (tráfico de droga, malversación de fondos…) los funcionarios disponen de una gran seguridad laboral.
Una vez descrita la realidad con más precisión, es interesante analizar la situación macroeconómica. Situación a la que está sometida la población Española así como José Luís Rodríguez Zapatero. Una crisis global intangible que se traduce hacia España en forma de presiones durísimas por parte de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional. El miedo a un posible hundimiento de España (como el caso griego) que haría insostenible el Euro y que probablemente desencadenaría una retahíla de hundimientos, provoca que Grecia, España, Reino Unido y Alemania entre otros deban ajustar al máximo sus presupuestos para esperanzar a los inversores. Cierto, en España la deuda es básicamente privada pero aún así, el beneplácito internacional y la confianza de los inversores son aspectos que en estos momentos la Unión Europea y sus componentes deben recuperar. Las medidas de Zapatero se centran en este aspecto.
Desde un punto de vista más terrenal, ¿que efecto supone esta rebaja salarial en los funcionarios? En principio una pérdida del poder adquisitivo. Pero la realidad podría no ser tan clara. Como dijo en su momento la ministra Helena Salgado, para ver la tendencia real de los precios hay que analizar el índice de inflación subyacente (es decir, el IPC normal pero sin tener en cuenta grupos de precios volátiles (petróleo, energía…). Cierto, estos productos se consumen y se pagan pero la tendencia de fondo la marca el IPC Subyacente. ¿Como ha evolucionado este índice en España?
El gráfico superior, extracto del informe del Instituto Nacional de Estadística permite ver dos cosas. En primer lugar la variabilidad de los precios volátiles (productos energéticos y alimentos no elaborados) que provocó bajadas de los precios en 2009 y está provocando subidas en 2010. Y la segunda es que la subida del IPC que están provocando los precios volátiles es engañosa. Los demás mercados, más acordes a las leyes de oferta y demanda, están ajustando sus precios a la demanda decreciente. En otras palabras, los precios de los productos cotidianos que denotan la tendencia de fondo sobre la evolución de los precios reales, están bajando. Nótese que Abril 2010 es el primer mes en el que el IPC subyacente baja:
| Enero 2010 | Febrero 2010 | Marzo 2010 | Abril 2010 | |
| Alimentos y bebidas no alc. | -2,4% | -2,7% | -2,1% | -1,9% |
| Vestido y calzado | -1,1% | -1,2% | -1,0% | -0,9% |
| Ocio y cultura | -1,6% | -2,1% | -1,0% | -2,5% |
Queda claro que la tendencia viene de algunos meses atrás. Es especialmente interesante la continua bajada de alimentos y ocio y llegando a presentar en Abril de 2010 precios un 2,5% inferiores a los de 2009.
Es probable que José Luís Rodríguez Zapatero y su gobierno estén dando una sensación de incertidumbre y vértigo, cosa que con total certeza le costará al PSOE el gobierno en las próximas elecciones (salvo nuevo escándalo en la oposición). Pero las causas son simples y se refieren tan solo a la enorme presión que está recibiendo España, así como otros vecinos europeos, por parte de organismos internacionales para sanear unas cuentas y sobre todo para dar esperanza a los inversores. Por éste motivo, Zapatero está llevando a cabo este polémico plan. La pregunta (especialmente dirigida a los funcionarios) que todos nos debemos plantear es la siguiente: ¿Queremos salir adelante como un grupo y tener más fuerza? o bien ¿preferimos individualizar el problema provocando una ruptura de la visión global? La primera no es fácil, la segunda supone el fracaso.
Por último, a la vista de estos datos, la huelga llevada a cabo hoy podría perder su sentido. Si bien el funcionariado tiene pleno derecho a huelga, sus salarios bajarán un 5% que desde un punto de vista más realista podría bien suponer una cifra menor (el poder adquisitivo bajará menos que el 5%), su situación laboral es mucho más estable que las del sector privado y como conjunto tienen la responsabilidad de emplear el dinero público de forma adecuada (y tener en cuenta que personas que no disponen de su seguridad laboral, no han podido ir a trabajar por el paro completo de ciertos transportes públicos). La huelga de hoy es constitucionalmente legal, pero moralmente inadmisible.
Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Estadística (series e informe mensual sobre IPC), www.elpais.com
Agradecimientos a L. Van Wunnik.
1 comentario:
me parece bien todo el análisis menos la conclusión. Si bien dices que la huelga es legítima luego dices que es moralmente inadmisible.
Primero decir que cualquiera que hace huelga no cobra ese día, por lo que no se suelen hacer por frivolidades (ya se que no lo dices pero para resaltar la importancia de la huelga para el que la hace)
Segundo el que hace huelga mira por sus intereses, nunca alguien ha hecho huelga para que otro tenga mejores condiciones laborales, así que no hay más moralidad que la que dependa de su trabajo.
Tercero una huelga se hace para molestar a cuantas más personas mejor, ya sean los responsables de tu situación (jefes) o simples espectadores (los que cogen el tren cada día), y así hacer oír tu voz.
Hay profesiones cuya huelga tiene mucho poder (transportes, basureros, refinerías), y otras no (dependiente de tienda, oficinista) pero eso no le quita moralidad al hacer huelga, sintiéndolo mucho por la persona que no tiene estabilidad laboral y llego tarde por culpa de los transportes. Entonces nunca se podría hacer huelga y esta dejaría de tener sentido.
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